La ola de reacciones por el alza del combustible y las diversas especulaciones sobre la cancelación de la empresa FORD de su proyecto de inversión en SLP, sumado a las reflexiones y especulaciones del inicio del 2017 sobre la economía, que han llevado a los analisitas a presentar al público sus opiniones sobre las causas de tales eventos y sus futuras consecuencias, me han llevado a pensar más bien en un verdadero plan de austeridad, considerando mi breve experiencia en el sector público.
De todos o casi todos es conocido que una parte importante de los recursos públicos se destinan a proyectos ineficientes, a subsidios e incluso a fondos perdidos que supuestamente alientan la inversión o tienen por objeto programas sociales. Hay temas que no se pueden evitar o quitar del presupuesto de egresos.
Por otra parte, los medios siempre buscan denostar a los servidores públicos por los ingresos que obtienen, de manera segura y puntual, exhibiendo generalmente lo ineficiente de su desempeño e incluso, con justa razón, la desviación de recursos públicos o la obtención de ganancias ilícitas, ante los negocios particulares que tienen oportunidad de hacer o los moches que reciben para favorecer a tal o cual proveedor.
Quien ha trabajado en el sector público sabe de las enormes carencias que hay en algunas áreas, como la falta de polícias o de su equipamiento para enfrentar de manera eficiente a los criminales, o la falta de papelería en las oficinas públicas, que hace ineficiente su trabajo, que se olvida o pasa desapercibido ante el dispendio de otros funcionarios, que tienen la posibilidad de tener equipos de comunicación de los más caros sin justificación alguna, del vehículo de lujo para transportarse o incluso del séquito de elementos de seguridad que los cuida, inlcuso después de haber concluido su servicio.
Nadie habla de los planes de supuesta austeridad gubernamental porque en el fondo son ineficientes y contrastan con el dispendio de otros funcionarios. No se entiende como se recortan programas sociales pero se alienta o se permite en otras dependencias el lujo de funcionarios de primer y segundo nivel.
Por todo ello y lo que queda fuera del presente comentario, estimo que para que verdaderamente funcionen los planes de austeridad, es necesario:
1. No recortar programas sociales ni escatimar en los gastos realmente necesarios para la prestación del servicio de manera eficiente y suficiente, que satisfaga las necesidades de los mandantes. Recortar los gastos que no inciden en la eficiencia del servicio.
2. Desaparecer por completo los gastos que se otorgam a los funcionarios para todo tipo de comidas de "negocios" o alimentación por "horas extras". El servicio público debe prestarse en las oficinas de las instituciones y nada más.
3. No proporcionar vehículos oficiales a ningún funcionario, salvo los que se desempeñan en las áreas de seguridad, como patrullas, equipo de rescate y salvamento, y hasta ambulancias del sector salud.
4. Cuando se encuentre realmente justificado el viaje o traslado del funcionario, conceder viáticos y algo de mantenimiento de sus vehículos propios y personales, pero siempre bajo el esquema del reintegro justificado.
5. No conceder equipos de comunicación, sean teléfonos o radios, mas que a los elementos de seguridad. Tampoco pagar facturas de telefonía ni datos de internet. Bien organizados pueden recibir las llamadas en la oficina y reenviarse a sus teléfonos. Nada cuesta recibir llamadas. Hacer llamadas puede ser breve siempre y cuando se pida le marquen.
6. No proporcionar vestimenta ni uniformes, más que a los elementos de seguridad, que necesiten distinguirse y diferenciarse de la población civil, o a quienes necesitan vestimenta especial para prestar el servicio.
7. Cancelar todo tipo de seguros de vida y de gastos médicos particulares, y conformarse con el servicio que proporciona la seguridad social laboral o el ISSSTE.
8. Cancelar todo tipo de bonos y prestaciones extraordinarias basadas en puntualidad o conducta; el servicio público debe prestarse bajo ciertos lineamientos de la ley que no deben ser negociables ni premiados. Pagar horas extras sólo en los casos plenamente demostrados y justificados.
9. Respetar sin excepción el ingreso conforme al servicio profesional de carrera, salvo en los casos de designaciones de puestos de absoluta confianza.
10. Evitar todo tipo de alimentación gratuita en las oficinas; entiéndase desde agua o café, hasta comida de cualquier tipo. Si alguien necesita algo que lo compre de su propio bolsillo. El servicio público no es un club social para atender invitados y menos a costa de los recursos públicos.
11. Transparentar toda la actividad administrativa de gobierno. No hay razón para ocultar nada, salvo que se trate de temas relacionados con la seguridad nacional. Se debe definir perfectamente bien que se entiende por seguridad nacional para evitar interpretaciones que sean refugio para la opacidad.
12. Implementar un sistema de control de inventarios para evitar la desapacición de los recursos materiales, y sancionar de manera ejemplar a los encargados de los mismos, buscando el reintegro inmediato de los mismos.
13. Evitar visitas de cortesía a eventos privados. Atender exclusivamente eventos oficiales que sean de beneficio notorio a la sociedad. El servicio público es demandanate y no debe alentar espacios de ocio, resptando siempre el periodo vacacional correspondiente.
14. Realizar solamente las inversiones que sean necesarias para mejorar el servicio al público. Ninguna oficina pública requiere de ser diseñada por el mejor arquitecto del momento. Los edificios y las oficinas deben ser austeras y sin lujos, mientras permitan prestar el servicio y atender a la población hasta satisfacer plenamente sus necesidades. Y,
15. Evitar todo tipo de publicidad en espacios y medios privados. Nada justifica la propaganda gubernamental a cargo del erario. La comunicación oficial debe hacerse en los medios oficiales del Estado. Los medios privados los exhiben a manera de noticia, consecuencia de su trabajo de investigación.
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