A propósito de la prohibición impuesta a los gobiernos de los tres niveles en épocas electorales, recientemente en una platica con una persona encargada de una oficina de comunicación social, comentabamos como se utiliza el presupuesto de diversas dependencias, que sin lugar a dudas corresponden a recursos públicos, en gran parte integrados por impuestos de los ciudadanos.
También se comentó la tarea de los medios de informar sobre eventos relevantes como noticia, como reportaje y como incersiones pagadas, incluyendo los pagos que hacen oficinas públicas que no tienen un objetivo específico, y que además se manejan de manera discrecional.
Todos reconocen la gran labor que realizan los periodistas, los buenos periodistas, sean de secciones deportivas, económicas, políticas o sociales, así como de los reportajes de investigación o las columnas de opinión.
La actividad de los medios, que los hay públicos y privados, pero en su mayoría son privados, es también un negocio, es decir, necesitan de ingresos para realizar su actividad, pero también tienen gastos, por la materia prima que utilicen o las personas que los auxilian, y sus propietarios buscan obtener ganancias, que en alguna parte deben de tener su origen en la publicidad.
Entre mas aceptación tenga un medio mayor publicidad puede vender. Quien compra publicidad busca que la misma llegue a la mayor cantidad de lectores o espectadores.
La calidad del reportaje periodístico o de las columnas de opinión, inciden directamente en esa aceptación. Todos o casi todos buscan información que les sea útil o que les resulte interesante. Entre mejor sea la información mejor rating tendrán.
En el caso de la publicidad que los medios venden a particulares, es obvio que sólo interesa a los particulares que la pagan, porque finalmente son ellos los que, dependiendo de su presupuesto y sus proyecciones financieras, pueden tomar la determinación de cuanto invertir en publicidad dependiendo de los productos o servicios que se publiciten, que buena o mala, sólo tiene consecuencias para la propia empresa y sus propietarios.
En el caso de publicidad de dependencias gubernamentales, debemos considerar, en primer término, que ningún gobuerno es un negocio, ninguno tiene por objeto la especulación comercial; por el contrario, sirven un propósito noble, gobernar para vigilar y hacer cumplir las leyes, que garantizan una justa convivencia social.
Obviamente, muchas de las actividades de las personas que ocupan los cargos públicos, pueden llegar a ser noticia, en la medida en que sus decisiones o su actuación beneficia o perjudica a los ciudadanos, ya directa ya indirectamente. Pero todas las acciones de los servidores públicos son obligaciones contempladas en las leyes. Cumplen un deber de servir y su actuación se encuentra regulada y limitada por la ley.
Tan importantes son la actuación o las acciones emprendidas por los servidores públicos, que los medios buscan su opinión respecto de lo que hacen o dejan de hacer, de proyectos que emprenden o de como resuelven o proponen resolver los problemas que aquejan a la sociedad. Los funcionarios se preocupan de lo que dicen, pero sobretodo que lo que digan sean lo que se transmita a los receptores de la información.
También para todos es conocido que algunas dependencias gubernamentales tienen que pagar publicaciones en los medios, por obligación prevista en la ley; tal es el caso de la publicación de edictos para remates; o de convocatorias para licitaciones púbicas, notificaciones judiciales, e incuso llamado a herederos a procedimientos de sucesiones hereditarias, por citar algunso ejemplos.
Pero otra cosa muy diferente es utilizar recursos públicos para publicitar acciones y obras de gobierno sin que se de cumplimiento a una obligación determinada o autorizada en la ley. Que un gobierno pagué por publicidad que no tiene otro objetivo que tratar de convencer al ciudadano de que está haciendo las cosas bien, es muy diferente y no debería estar permitido. A los ciudadanos no les interesa que sus recursos sean utilizados para convencerlos a ellos mismos. Además, este tipo de publicidad puede ser utilizado para realzar la figura de algún personaje en su propio interés, cuyo fin puede no tener relación con su obligación de servir, sino de un interés personal. Los recursos públicos no pueden ser utilizados con ese fin.
Es por ello que debe estar prohibido que los gobiernos de los tres niveles incluyan dentro de sus presupuestos, egresos destinados a la publicidad que cuesta a los ciudadanos y que no cumple una obligación impuesta en la ley, sino que sólo tiene por objeto tratar de convencerlo o buscar mejorar una posición ante la opinión pública sobre determianado tema. Los hechos hablan por sí mismos y en el caso del gobierno pueden o no ser noticia, pueden o no ser materia de un reportaje periodístico, pueden ser materia de un comentario editorial, o de la opinión de cualquier reportero o líder de opinión, pero jamás deben de ser el resultado de un pago realizado por el gobierno con los recursos públicos. Ahora si se trata de publicidad gratuita o realizada en los mismos medios que pertenecen al estado, pues eso es otra cosa, ya que no se estarían utilizando recursos públicos.
En éstas épocas de elecciones, resulta bueno no ver publicidad de obras y acciones de gobierno; resulta bueno leer el periódico, escuchar la radio o ver en la televisión o en internet ahora, y encontrar sólo noticias y no publicidad a costa de los ciudadanos.
Además, considerando que los recursos públicos que actualmente se destinan a ese tipo de publicidad, pueden servir mejores propósitos, como combatir la pobreza extrema, construir escuelas públicas o dotar de infraestrcutura básica a las comunidades más pobres del país. Es obvio que los ciudadanos no tendrán queja de la manera en que se utilizan sus impuestos si así fuera.
Pugnemos por prohibir la publicidad gubernamental que no sirve un propósito de cumplimento de una obligación impuesta por la ley.
Aparte, todos los medios privados deben de estar sujetos a las leyes de la economía y de la competencia. Quien no pueda competir que desparezca, pero que no subsista a costa de los ingresos que percibe del gobierno, puesto que a los ciudadanos no les intreresa que sus impuestos se utilicen para eso. Son sólo sus propietarios los que saben si se animan a arriesgar su capital o no.
